La respuesta es sencilla. No hay poder más grande en
la tierra –aparte del poder divino- que los medios de comunicación. Hace unas
décadas se afirmaba que eran el cuarto poder; en la actualidad subieron al
primer lugar.
Su poderío es tal que pueden destruir la reputación de
una persona, quitar y poner gobiernos, convertir una mentira en verdad,
fabricar una imagen pública, hasta convertir al mismo diablo en un ángel de
luz…
La información como tal fluyendo a través de la radio,
prensa, folletos, revistas, internet, redes sociales y por todas las
plataformas más sofisticadas que inventen las mentes brillantes: NO HACE DAÑO…
El perjuicio se comete cuando esta información se manipula con propósitos
oscuros.
Por el bien de un país, deben existir
normas legales que regulen la actividad de los medios de comunicación; por
ejemplo, que no haya monopolios ni grupos que manipulen la información –con
cualquier disfraz que utilicen-; que todos los ciudadanos por ley tengan
derecho a réplica y a demandar en caso de calumnias e injurias. En los torneos
electorales todos los candidatos deben tener iguales oportunidades de
participación a través de los medios de comunicación y otros temas...
Cuando un gobierno o sujetos con poder estatal, desean
convertirse en juez y parte; en otras palabras, decidir en forma unilateral quien hace lo
bueno y quien hace lo malo; estamos frente a individuos que quieren perpetuarse
en el poder. No desean recibir críticas ni cuestionamientos ni que se ponga en
evidencia las verdaderas intenciones de ellos: anhelan coronarse en la
cima de la corrupción.
Los medios de comunicación haciendo bien su labor (lo
hace la mayoría gracias a Dios), se constituyen en la plataforma donde
concurren todas las denuncias, ideas, críticas y cuestionamientos, no sólo a la
administración pública, sino, también a todos los sectores de la sociedad. Este
es el único instrumento para fortalecer la Democracia, la Libertad de Empresa,
los Derechos Humanos, fiscalizar la pureza y transparencia de las competencias
electorales y alcanzar un mejor nivel de crecimiento y desarrollo económico en
cualquier Estado.
Una Institución tan sensible y a la vez importante,
como lo es el Tribunal Electoral; ya que
es el garante de la transparencia y pureza de los torneos electorales, jamás debe
pretender inmiscuirse directamente en las elecciones con propósitos oscuros, si lo hace está violando los principios de la
democracia y los derechos humanos.
Bajo ninguna razón se les debe permitir a los gobernantes ni a los magistrados electorales: ejercer el control de los medios de comunicación y mucho menos aplicar sanciones fuertes o cerrar medios de información; tampoco intervenir o manejar
los presupuestos electorales sin participación de los demás sectores del país y
cualquier otra pretensión que empañe la pureza y transparencia del ejercicio
del Sufragio (tal como se pretende hacer en Panamá, a través de un proyecto de ley).
Todos los electores y asociaciones del sector
privado debemos estar vigilantes de que jamás se pretenda, aprobar una ley que atente contra
la democracia y la paz del país en tiempos de elecciones presidenciales,
parlamentarias y otros puestos públicos.
Por:
Eric
Enrique Aragón