¿Por qué los gobiernos pretenden controlar los medios de comunicación?

La respuesta es sencilla. No hay poder más grande en la tierra –aparte del poder divino- que los medios de comunicación. Hace unas décadas se afirmaba que eran el cuarto poder; en la actualidad subieron al primer lugar. 

Su poderío es tal que pueden destruir la reputación de una persona, quitar y poner gobiernos, convertir una mentira en verdad, fabricar una imagen pública, hasta convertir al mismo diablo en un ángel de luz…

La información como tal fluyendo a través de la radio, prensa, folletos, revistas, internet, redes sociales y por todas las plataformas más sofisticadas que inventen las mentes brillantes: NO HACE DAÑO… El perjuicio se comete cuando esta información se manipula con propósitos oscuros.

Por el bien de un país, deben existir normas legales que regulen la actividad de los medios de comunicación; por ejemplo, que no haya monopolios ni grupos que manipulen la información –con cualquier disfraz que utilicen-; que todos los ciudadanos por ley tengan derecho a réplica y a demandar en caso de calumnias e injurias. En los torneos electorales todos los candidatos deben tener iguales oportunidades de participación a través de los medios de comunicación y otros temas...

Cuando un gobierno o sujetos con poder estatal, desean convertirse en juez y parte; en otras palabras, decidir en forma unilateral quien hace lo bueno y quien hace lo malo; estamos frente a individuos que quieren perpetuarse en el poder. No desean recibir críticas ni cuestionamientos ni que se ponga en evidencia las verdaderas intenciones de ellos: anhelan coronarse en la cima de la corrupción.

Los medios de comunicación haciendo bien su labor (lo hace la mayoría gracias a Dios), se constituyen en la plataforma donde concurren todas las denuncias, ideas, críticas y cuestionamientos, no sólo a la administración pública, sino, también a todos los sectores de la sociedad. Este es el único instrumento para fortalecer la Democracia, la Libertad de Empresa, los Derechos Humanos, fiscalizar la pureza y transparencia de las competencias electorales y alcanzar un mejor nivel de crecimiento y desarrollo económico en cualquier Estado.

Una Institución tan sensible y a la vez importante, como lo es el  Tribunal Electoral; ya que es el garante de la transparencia y pureza de los torneos electorales, jamás debe pretender inmiscuirse directamente en las elecciones con propósitos oscuros,  si lo hace está violando los principios de la democracia y los derechos humanos.

Bajo ninguna razón se les debe permitir a los gobernantes ni a los magistrados electorales: ejercer el control de los medios de comunicación y mucho menos aplicar sanciones fuertes o cerrar medios de información; tampoco intervenir o manejar los presupuestos electorales sin participación de los demás sectores del país y cualquier otra pretensión que empañe la pureza y transparencia del ejercicio del Sufragio (tal como se pretende hacer en Panamá, a través de un proyecto de ley).

Todos los electores y asociaciones del sector privado debemos estar vigilantes de que jamás se pretenda, aprobar una ley que atente contra la democracia y la paz del país en tiempos de elecciones presidenciales, parlamentarias y otros puestos públicos.

Por:                                                                                                             

 Eric Enrique Aragón