Escuchar conversaciones privadas, revisar la
correspondencia o seguir a una persona sin autorización de ésta, no es una
práctica nueva. Desde los tiempos de la “Guerra Fría” entre Estados Unidos
(EUA) y la antigua Unión Soviética (URSS); tanto la Agencia Central de
Inteligencia de EUA, conocida popularmente como la CIA y la agencia de
inteligencia soviética, llamada en su tiempo KGB, se dedicaban a espiar a sus
enemigos políticos. Igual práctica se realizaba en naciones con problemas
religiosos y durante los regímenes militares, sobre todo los de América Latina.
Cabe destacar que aquellos tiempos eran otros. El
mundo estaba bajo la hegemonía de EUA y la URSS. Cierto número de ejércitos
gobernaban “de facto”; las comunicaciones y el periodismo no tenían el impacto
que tienen hoy día. En fin, la información estaba en manos de pocos…
En la actualidad todo es distinto. La tecnología de la
comunicación ha logrado un desarrollo colosal; los avances en materia de
Derechos Humanos y de la Familia, son evidentes. Por otra parte, los Estados procuran
alcanzar un nivel óptimo de modernización y competitividad; y los organismos internacionales
cuentan con más recursos para preservar la paz mundial y proteger los derechos
humanos. Sería un error pensar que un
gobierno u organización, que violente los derechos humanos, quedará impune.
“Tarde o temprano” la justicia alcanzará y castigará a todos los que resulten
culpables.
Países que están bajos los ataques del terrorismo, el
narcotráfico, la venta ilegal de armas, el secuestro o el comercio de
personas a gran escala: tales como,
Estados Unidos, Colombia, Francia, Israel y otros, cuentan con equipos
tecnológicos y satélites muy poderosos para espiar a individuos, que forman
parte de estas redes criminales que destruyen a la humanidad. No obstante, estas naciones tienen leyes
especiales para estos casos, la información es “confidencial” y los
funcionarios que realizan el trabajo tienen mucha responsabilidad y se les
juzga en un tribunal de justicia, si utilizan la tecnología para otro fin, que no
esté debidamente justificado y permitido por la ley.
La república de Panamá, un país pequeño, de apenas 4
millones de habitantes, que no conoce el terrorismo y que aún –gracias a Dios-
su gente puede respirar paz y caminar libremente por las calles; se ha visto
en estas últimas semanas, en medio de un escándalo relacionado con los
“pinchazos telefónicos”. Término utilizado para referirse a la acción ilegal de
escuchar las conversaciones privadas y familiares por parte de individuos,
organizaciones o entidades gubernamentales. En el caso de Panamá, se acusa al Consejo de Seguridad (del gobierno anterior) de hacer uso “supuestamente”
indebido de un equipo de alta tecnología, comprado a una empresa israelí, para
obtener información de políticos opositores al gobierno del ex presidente
Ricardo Martinelli, empresarios, periodistas, profesionales, miembros del clero
y de la sociedad civil.
Según las investigaciones publicadas en los medios de
comunicación, se estima que hay más de 100 personas afectadas.
En el programa televisivo “Debate Abierto”, que dirige
el periodista Alvaro Alvarado (transmitido el domingo 18 de enero de 2015): se
presentaron algunos afectados, quienes afirmaron tener evidencias de que sus
conversaciones más intimas entre familiares, fueron grabadas por funcionarios
del Consejo de Seguridad.
No podemos dudar de lo que aseveran más de cien
víctimas; sin embargo, debe seguirse el debido proceso con toda la objetividad
del caso, cumpliendo con las normas legales. Si estas acciones ilegales se
demuestran, estaríamos frente a una serie de delitos cometidos contra los
Derechos Humanos, la familia, la administración pública y otras violaciones a
la Constitución Política de la República de Panamá.
En caso de que las pruebas determinen la culpabilidad
de los investigados, deberán pagar por los delitos cometidos; de manera tal que
ningún gobierno ni organización en el futuro, se atreva a continuar estas malas
prácticas.
Por:
Eric Enrique Aragón
