El
gobierno de Estados Unidos actuó conforme a la presión de las circunstancias.
El escenario era claro: Rusia y China consolidaban su control sobre el
petróleo venezolano, o Estados Unidos ponía un límite a esa expansión. Muchos
esperaban una acción más contundente: la caída del régimen de Nicolás Maduro y la
inmediata entrega del poder a los líderes de la oposición. Sin embargo, eso no
ocurrió.
Lejos
de lo que deseaban algunos sectores, la administración estadounidense, con
Donald Trump como presidente y Marco Rubio como secretario de Estado, optó por
una decisión que no fue popular, pero sí prudente. La prioridad no fue un
cambio político inmediato, sino algo más básico y, a la vez, más determinante:
la estabilidad económica y social. La transición democrática quedó en segundo
plano, no por desinterés, sino por realismo.
La
historia reciente demuestra que, tras décadas de dictadura, ningún país de
América Latina ha logrado una transición democrática sin altos costos. Los
primeros años suelen estar marcados por conflictos sociales, divisiones
profundas en la sociedad, fracturas dentro de las fuerzas armadas y una
inestabilidad política que, en muchos casos, termina con la caída de gobiernos
elegidos en las urnas. En ese contexto, lejos de mejorar el crecimiento
económico y el desarrollo social, lo que hace es empeorar.
El
problema se agrava cuando quienes llegan al poder, aun con legitimidad
democrática, carecen de comprensión sobre cómo funciona la economía global.
Persisten en la idea de que los discursos, la retórica política y la ideología,
por sí solos, pueden resolver problemas estructurales. Pero los desafíos reales
de las naciones no se solucionan con palabras: comienzan con la falta de
empleo, los bajos salarios, la carencia de vivienda digna, sistemas de salud
deficientes y una educación pública que no responde a las necesidades del mundo
actual.
América
Latina aún no termina de asumir una verdad incómoda: en los tiempos que
vivimos, ningún país puede avanzar si sus gobiernos están en manos de personas
que dominan el discurso político, pero ignoran la economía. Hoy, los problemas
más graves que enfrenta la población tienen un origen principalmente económico,
no político. La política importa, por supuesto, pero ha quedado demostrado que
la región está llena de supuestas “estabilidades democráticas” que conviven con
altos niveles de corrupción, pobreza y desigualdad.
La razón es sencilla: la formación económica pesa tanto —o más— que la política.
Muchos organismos internacionales que deberían velar por la estabilidad y el desarrollo de los pueblos han dejado de cumplir ese papel. Se han transformado en espacios de retórica, en clubes de políticos y oradores que discuten mucho y resuelven poco.
Lo
que hoy se necesita son gobernantes y líderes con formación económica,
empresarial y técnica; personas que entiendan cómo mover la economía, cómo
generar riqueza y, sobre todo, cómo distribuirla de manera justa. Cuando una
sociedad tiene empleo, salarios dignos, viviendas adecuadas, servicios de salud
eficientes y una educación pública de calidad, la corrupción y la inestabilidad
social pierden fuerza.
Con el estómago lleno y con oportunidades reales, los conflictos políticos disminuyen. No es una fórmula mágica, pero sí una lección que América Latina y otras regiones del mundo siguen ignorando. La democracia no se sostiene solo con votos y discursos: se sostiene, ante todo, con una economía que funcione para la mayoría.
