Podría ser un poco difícil precisar
cuáles son las razones que llevan a un gobierno o presidente de un país a
obstaculizar en un momento determinado, la libertad de opinión e intercambio de
información. Cada individuo con poder tendrá su razón, ya sea económica,
política o de otra índole. Lo que si es cierto es que hay factores comunes que inciden
en esta acción negativa de arremeter contra el derecho universal de la libertad
de expresión.
La falta de preparación política, un
equipo de trabajo ineficiente, tomas de decisiones equivocadas y falta de
transparencia, son algunos elementos que llevan a los gobiernos a
violar la libertad de expresión ejercida por todos los medios, incluyendo, las
redes sociales.
En estas dos últimas décadas, casi se
ha convertido en una tendencia la participación masiva de las personas en los
partidos políticos, sin perder de vista que algunos se aventuran como
independientes. Por supuesto, existe un propósito bien definido. La mayoría
busca ayuda económica para sus hogares o un empleo.
No está mal inscribirse en un partido
político con el propósito de conseguir una beca de estudio para los hijos,
asistencia social o un empleo en el sector público. Así se distribuye la
riqueza a las capas sociales más vulnerables; aunque no es suficiente.
Irónicamente, se habla de buenos índices de crecimiento económico y grandes
megaproyectos; sin embargo, la ganancia del país queda en manos de
un grupo reducido de la población.
El problema grave radica en aquéllos que buscan
llegar a los puestos públicos de gran envergadura; es decir, que tendrán el
poder real de mando, empezando con el cargo de presidente. En algunos casos
estos individuos no buscan contribuir al desarrollo de la nación o de las
comunidades por medio de una ciencia tan noble, como lo es la política; más
bien se trata de la búsqueda fácil, mezquina y personal de la riqueza material
(Gracias a Dios no todos piensan así).
Los Estados modernos están saturados
de ciudadanos -muchos profesionales y empresarios “que se hacen llamar
exitosos”- que utilizando todos los recursos con que cuentan llegan a ocupar
altos puestos públicos: presidente, alcaldes, gobernadores, diputados,
representantes, etc. Y no es que sea negativo soñar con un cargo público. De
acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a las leyes de
cada Estado, todos los ciudadanos tienen igual derecho a participar en
política. El aspecto negativo de estas
personas, es que buscan llegar al poder sin la debida preparación política y la
vocación de servir a los demás (…y es que la política no se aleja mucho del
cristianismo, ambos tienen el común denominador de ayudar a los demás; cada uno
con sus herramientas).
En primer lugar, los ciudadanos que
pretenden tomar parte activa en la política, deben entender ésta como
arte, ciencia y técnica. Si verdaderamente se aplican al estudio como
autodidactas (no hay que ser universitario), podrán comprender que la política
es un instrumento noble de las sociedades humanas, para llevar desarrollo a
todos los rincones de una nación. ¡Oh! Y
cuánta satisfacción se siente cuando se ayuda a los demás…
Por otro lado, el político debe
entender de una vez por todas, que él es una figura pública y como tal, está
obligado ante Dios, su familia y su país, a respetar y practicar los valores
morales y los derechos humanos, que se convertirán en su escudo o en su Talón
de Aquiles, dependiendo de su actuación. Igualmente, estará bajo la
fiscalización continua de la población. ¡Por eso es figura pública!
Un factor clave que indudablemente
hará más eficiente el trabajo de los funcionarios con gran poder, con el
presidente a la cabeza, es la “transparencia”, lo opuesto a la corrupción, el
juega vivo y al abuso del poder.
Si el presidente o
cualquier otro funcionario de alto rango, no está preparado en el plano
político ni sea amigo de los valores morales y los derechos humanos, difícilmente
podrá formar un buen equipo de trabajo y tomar las mejores decisiones.
Estas no son todos las razones, pero,
si se pueden apreciar en la conducta de muchos gobernantes y en parte explican
porqué éstos funcionarios –pagados por los contribuyentes- atacan en ciertos
periodos de la gestión pública a medios de comunicación, periodistas, y a todas
aquellas personas cuya opinión es opuesta o exigen eficiencia en la
administración pública.
Por:
Eric Enrique Aragón
