La empresa privada juega un papel
importante en el crecimiento y desarrollo de cualquier país. Además, es un
derecho inalienable de los ciudadanos si así lo desean y cumplen con la ley,
constituirse en empresarios.
En estos últimos años se
está viendo una marcada tendencia en los empresarios a participar en
política partidista. La mayoría que llega a ocupar
puestos públicos de gran importancia, a pesar de la falta de experiencia
política, realizan una labor aceptable. No obstante, grandes casos de
corrupción en América Latina y en otras regiones, de una u otra forma se
relacionan con las ambiciones desmedidas de empresarios que han llegado a la
presidencia y a otros cargos estatales.
El caso Odebrecht en Brasil, que
reveló una gigantesca telaraña de corrupción a nivel internacional; es una
contundente prueba del terrible mal que le pueden causar a la nación entera los
malos empresarios que asaltan el poder político…
La mayor fuente de negocios para los
empresarios –por lo menos en Latinoamérica-
son los que se hacen con el Estado. En cualquier obra civil pública o
prestación de un servicio a una institución estatal, un empresario se puede
ganar buena suma de dinero y excelentes referencias.
No obstante, el dolor de cabeza para
el sector empresarial está en competir; es decir, participar en una licitación
en la cual se establece por ley una serie de requisitos iguales para todos.
Este torneo legal obliga a los empresarios a bajar sus costos lo más posible,
sin afectar la calidad del servicio,
para ser más competitivos y bajar el precio, de manera tal que puedan
ganarse la licitación.
Frente a esta complejidad, los malos
empresarios han ideado dos inteligentes estrategias para vencer el gran
obstáculo de las licitaciones.
Las estrategias han sido “demasiado
efectivas”, pues, han tocado y fortalecido la baja moral que caracteriza a la
sociedad actual: la ambición por el dinero fácil, la vanidad y el abuso de poder.
¿Y cuáles son estos planes malévolos?
Repartir dinero a funcionarios estatales, con la finalidad de obtener favores.
Es preciso aclarar que cualquier funcionario público -independientemente de su
posición- que reciba dinero para ejecutar una acción fuera de sus funciones de
acuerdo a la ley o para dejar de cumplir sus deberes comete un delito y aquel
bien que recibió se convierte en
“coima”.
La otra idea genial es asaltar el
poder, tal como lo hicieron las dictaduras militares casi a finales del siglo
XX. La diferencia es que en lugar de armas, los empresarios han usado millones
de dólares provenientes de toda clase de fuentes para comprar votos, partidos
políticos y de forma muy sutil influir en las autoridades electorales, sobre
todo en los conflictos post-electorales (denuncias e impugnaciones).
Desde que nuestros países
latinoamericanos recuperaron la libertad de expresión y la democracia, son
muchos los empresarios que le han ganado la presidencia a los políticos
tradicionales.
Algunos de estos malos empresarios
están procesados o en la cárcel. Otros, aún libres, arropados con el manto de
la impunidad; deambulan por los lugares más exclusivos con la falsa imagen de
la decencia.
Lo cierto es que la presión ciudadana
(llámese SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA) es el único modo – no hay otro- para exigir
a las autoridades que investiguen, procesen y condenen a todos los corruptos.
En el caso de Panamá, se debe una vez más formar la CRUZADA CIVILISTA. Si
ésta se enfrentó sin miedo a la dictadura militar y la derrotó; igual y con
mayor ímpetu puede enfrentarse al cáncer llamado CORRUPCIÓN, que ya está bien
avanzado y fuertemente arraigado en las instituciones públicas…Y VENCERLO…
Ahora mismo
la bandera de los sindicatos, comerciantes, industriales, profesores,
universitarios, abogados, ingenieros, arquitectos, transportistas, iglesias,
periodistas y sociedad en general: debe ser una sola bandera “ACABAR CON EL
CANCER DE LA CORRUPCION PUBLICA”.
Por: Eric
Enrique Aragón
