sábado, 24 de enero de 2015

“Pinchazos telefónicos en Panamá”

Escuchar conversaciones privadas, revisar la correspondencia o seguir a una persona sin autorización de ésta, no es una práctica nueva. Desde los tiempos de la “Guerra Fría” entre Estados Unidos (EUA) y la antigua Unión Soviética (URSS); tanto la Agencia Central de Inteligencia de EUA, conocida popularmente como la CIA y la agencia de inteligencia soviética, llamada en su tiempo KGB, se dedicaban a espiar a sus enemigos políticos. Igual práctica se realizaba en naciones con problemas religiosos y durante los regímenes militares, sobre todo los de América Latina.

Cabe destacar que aquellos tiempos eran otros. El mundo estaba bajo la hegemonía de EUA y la URSS. Cierto número de ejércitos gobernaban “de facto”; las comunicaciones y el periodismo no tenían el impacto que tienen hoy día. En fin, la información estaba en manos de pocos…

En la actualidad todo es distinto. La tecnología de la comunicación ha logrado un desarrollo colosal; los avances en materia de Derechos Humanos y de la Familia, son evidentes. Por otra parte, los Estados procuran alcanzar un nivel óptimo de modernización y competitividad; y los organismos internacionales cuentan con más recursos para preservar la paz mundial y proteger los derechos humanos.  Sería un error pensar que un gobierno u organización, que violente los derechos humanos, quedará impune. “Tarde o temprano” la justicia alcanzará y castigará a todos los que resulten culpables.

Países que están bajos los ataques del terrorismo, el narcotráfico, la venta ilegal de armas, el secuestro o el comercio de personas  a gran escala: tales como, Estados Unidos, Colombia, Francia, Israel y otros, cuentan con equipos tecnológicos y satélites muy poderosos para espiar a individuos, que forman parte de estas redes criminales que destruyen a la humanidad.  No obstante, estas naciones tienen leyes especiales para estos casos, la información es “confidencial” y los funcionarios que realizan el trabajo tienen mucha responsabilidad y se les juzga en un tribunal de justicia, si utilizan la tecnología para otro fin, que no esté debidamente justificado y permitido por la ley.

La república de Panamá, un país pequeño, de apenas 4 millones de habitantes, que no conoce el terrorismo y que aún –gracias a Dios- su gente puede respirar paz y caminar libremente por las calles; se ha visto en estas últimas semanas, en medio de un escándalo relacionado con los “pinchazos telefónicos”. Término utilizado para referirse a la acción ilegal de escuchar las conversaciones privadas y familiares por parte de individuos, organizaciones o entidades gubernamentales. En el caso de Panamá, se acusa al Consejo de Seguridad (del gobierno anterior) de hacer uso “supuestamente” indebido de un equipo de alta tecnología, comprado a una empresa israelí, para obtener información de políticos opositores al gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli, empresarios, periodistas, profesionales, miembros del clero y de la sociedad civil.

Según las investigaciones publicadas en los medios de comunicación, se estima que hay más de 100 personas afectadas.

En el programa televisivo “Debate Abierto”, que dirige el periodista Alvaro Alvarado (transmitido el domingo 18 de enero de 2015): se presentaron algunos afectados, quienes afirmaron tener evidencias de que sus conversaciones más intimas entre familiares, fueron grabadas por funcionarios del Consejo de Seguridad.

No podemos dudar de lo que aseveran más de cien víctimas; sin embargo, debe seguirse el debido proceso con toda la objetividad del caso, cumpliendo con las normas legales. Si estas acciones ilegales se demuestran, estaríamos frente a una serie de delitos cometidos contra los Derechos Humanos, la familia, la administración pública y otras violaciones a la Constitución Política de la República de Panamá.

En caso de que las pruebas determinen la culpabilidad de los investigados, deberán pagar por los delitos cometidos; de manera tal que ningún gobierno ni organización en el futuro, se atreva a continuar estas malas prácticas.




Por:                                                                                                                   
Eric Enrique Aragón


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